Menos obligación, más estrategia: el nuevo rumbo del reporting de sostenibilidad en la UE
Europa afloja la norma… pero no la realidad
Por Gunde Naro, desde Bruselas
En Bruselas ocurre a menudo: se aprieta con entusiasmo y, pasado un tiempo, se afloja con cautela. La revisión del marco europeo de informes de sostenibilidad responde bastante bien a ese patrón. Menos empresas obligadas, más flexibilidad, menos carga administrativa. Sobre el papel, una retirada. En la práctica, algo más interesante.
La reforma de la Directiva de Informes de Sostenibilidad Corporativa (CSRD) ha dejado fuera a una gran parte del tejido empresarial que se preparaba para entrar en el sistema. El salto de 250 a 1.000 empleados —junto al umbral de 450 millones de facturación— ha reducido el perímetro de forma drástica. Muchos respiran aliviados. Menos informes, menos costes, menos presión.
Pero la realidad, como casi siempre, va por otro lado.
Un estudio de la Copenhagen Business School junto a Osapiens revela algo que en Bruselas se intuye, pero no siempre se dice en voz alta: incluso sin obligación, las empresas no abandonan el reporting. Muy al contrario, lo mantienen porque les sirve. Sirve para decidir, para invertir mejor, para entender dónde están los riesgos y dónde las oportunidades.
Es decir, lo que nació como cumplimiento empieza a consolidarse como herramienta.
El llamado Omnibus —aprobado por el Parlamento Europeo— no elimina esta lógica, simplemente la reordena. Ajusta plazos, reduce exigencias, acota el alcance. También la Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) se repliega hacia las grandes corporaciones y gana tiempo hasta 2029. Y la Taxonomía europea se simplifica. Todo parece ir en la misma dirección: menos fricción normativa.
Ahora bien, conviene no confundirse. Que Bruselas levante el pie no significa que el terreno sea más llano.
Las expectativas de inversores, bancos, socios comerciales y, en general, del mercado, siguen intactas. Nadie deja de preguntar por los riesgos ambientales o sociales porque una empresa haya quedado fuera del perímetro de la directiva. Nadie concede financiación ignorando esos factores. Nadie firma alianzas estratégicas sin mirar qué hay detrás.
De hecho, lo que está ocurriendo es casi lo contrario de lo que podría esperarse: al disminuir la obligación, aumenta la responsabilidad. Ya no se trata de cumplir para evitar sanciones, sino de informar para seguir siendo relevante.
Y ahí es donde Europa, quizá sin proponérselo del todo, ha dado en el clavo.
Porque cuando una práctica sobrevive a la norma que la imponía, es que ha encontrado su razón de ser. El reporting de sostenibilidad está entrando en esa fase. Deja de ser un ejercicio burocrático para convertirse en un lenguaje común entre empresa, capital y sociedad.
Algunas compañías buscarán atajos, otras optarán por estándares alternativos —ISSB, VSME o marcos voluntarios—, pero el movimiento de fondo parece irreversible. La sostenibilidad ya no depende únicamente del BOE europeo; depende del mercado, y el mercado no está aflojando.
Europa, una vez más, corrige su propio impulso inicial. Ese “arranque de caballo y parada de burro” tan reconocible. Pero tal vez, en esta ocasión, la parada no sea un retroceso, sino un ajuste. Un ajuste favorable, incluso.
Porque en el tránsito de la obligación a la convicción es donde las políticas públicas dejan de ser norma… y empiezan a ser cultura.
El texto legal que articula este cambio —la directiva que modifica los marcos anteriores de reporting y diligencia debida— puede consultarse directamente mediante el enlace correspondiente.
